España ha dado un paso importante hacia el compromiso con los objetivos climáticos globales, formalizando la salida de la Carta de la Energía (TCE) y del Protocolo sobre la eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados. Esta decisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 14 de mayo, entrará en vigor el 17 de abril de 2025, marcando un cambio sustancial en la política energética del país.
El TCE ha recibido denuncias dado a la protección que otorga a inversiones en combustibles fósiles, las cuales pueden interferir con el Acuerdo de París, en la Ley Europea del Clima y en el Pacto Verde Europeo. El valor de la infraestructura fósil protegida por el tratado, que incluye principalmente yacimientos de gas, petróleo y oleoductos, se estima en 344.600 millones de euros en la Unión Europea, Reino Unido y Suiza.
La denuncia impactará en las nuevas inversiones en España, mientras que las ya existentes estarán protegidas durante un período adicional de veinte años. Esto se debe a la cláusula establecida en el artículo 47.3 del Tratado, que garantiza la vigencia del mismo para las inversiones realizadas en el territorio del Estado denunciante por inversores de otros Estados parte, así como en los territorios de estos Estados parte por inversores procedentes del Estado denunciante, durante dicho período de veinte años a partir de la fecha en que surta efecto la denuncia.
El impulso para la retirada de España del TCE ha sido respaldado por la propuesta de la Unión Europea de una salida de todos sus miembros, una medida que fue aceptada por países como Polonia, Francia, Alemania, Países Bajos, Eslovenia y Luxemburgo. Esta iniciativa es ejemplo del reconocimiento de la necesidad de modernizar los tratados energéticos para dar voz a los problemas ambientales y climáticos actuales. Este paso también envía una señal clara a nivel internacional sobre la urgencia de adoptar políticas y acuerdos que impulsen una transición justa hacia un futuro energético más sostenible y equitativo.
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